¿Sobre qué puedo denunciar?
El sistema de información interno servirá como canal para informar sobre acciones u omisiones previstas en el art. 2 de la Ley 2/2023, que comprende:
A. Acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea siempre que:
A.1. Entren dentro del ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea enumerados en el anexo de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, con independencia de la calificación que de las mismas realice el ordenamiento jurídico interno
- contratación pública;
- servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo;
- seguridad del transporte;
- protección del ambiente;
- protección radiológica y seguridad nuclear;
- seguridad de alimentos y piensos, sanidad animal y bienestar animal; salud pública;
- protección al consumidor;
- protección de la privacidad y datos personales, seguridad de redes y sistemas información
A.2. Afecten a los intereses financieros de la Unión Europea tal y como se contemplan en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE);
A.3. Incidan en el mercado interior, tal y como se contempla en el artículo 26, apartado 2 del TFUE, incluidas las infracciones de las normas de la Unión Europea en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, así como las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o con prácticas cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable al impuesto sobre sociedades.
B. Acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracción penal o administrativa grave o muy grave. En todo caso, se entenderán comprendidas todas aquellas infracciones penales o administrativas graves o muy graves que impliquen quebranto económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social.