La sesión plenaria celebrada el pasado martes, 29 de agosto, se inició con la puesta en conocimiento de las resoluciones de la Alcaldía desde el 10 de junio al 18 de agosto.
En el segundo punto del orden del día se aprobó por unanimidad la adhesión del Ayuntamiento de El Casar a la plataforma ORVE (oficina de registro virtual), a la que están adheridas actualmente 166 entidades locales de la Región. La herramienta ORVE permite digitalizar el papel que presenta el ciudadano en el registro municipal y enviarlo electrónicamente a su destino en ese mismo instante, sea cual sea su ubicación geográfica o el nivel de administración competente.
En el siguiente punto del orden del día, el Alcalde, José Luís González Lamola, informó al pleno de la implantación en el municipio de una planta solar fotovoltaica de 13 megawatios capaz de abastecer de energía a unos 7.200 hogares, que será construida por la empresa Alten El Casar (participada al 50 por ciento por el Grupo Ortiz y Alten). “Es un proyecto muy importante que generará empleo en El Casar, además de contribuir a la producción de una energía limpia, que evitará la emisión a la atmósfera de cientos de toneladas de CO2”, apuntó el regidor casareño.
En el capítulo de mociones el pleno aprobó, con los votos a favor de los concejales del PP y los no adscritos, la moción presentada por el Partido Popular relativa a la falta de pago de los Servicios Sociales por parte del Gobierno Regional. Servicios que son prestados “por delegación” por la entidad local, pero cuya competencia es de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Según leyó el Alcalde, el Ayuntamiento tiene que asumir la prestación y los costes de unos servicios sociales que no son de su competencia, sin recibir ningún tipo de ayuda económica de la Junta. Esta asunción, señaló el primer edil, “está poniendo en peligro la prestación de otros servicios municipales ante la falta de recursos económicos”. En este sentido el alcalde subrayó que la competencia del Ayuntamiento es “gestionar, no asumir el coste de estos servicios”. Unos servicios que, según añadió González Lamola, suponen un gasto total de 687.000 euros anuales, de los cuales el Ayuntamiento abona 287.500 euros.
Además, el alcalde incidió en la importancia de recibir las subvenciones del Gobierno Regional correspondientes a los servicios sociales prestados por el Ayuntamiento “a principios de año, no en el mes de agosto”.
Tras la aprobación de la moción el Ayuntamiento instará al Gobierno Regional a establecer un procedimiento para que la firma de los diferentes convenios y las subvenciones de Servicios Sociales con los Ayuntamientos, se lleven a cabo en el primer trimestre del ejercicio económico. Proceder al pago inmediato del primer libramiento correspondiente a los mismos y mantener, como mínimo, los compromisos asumidos con los ayuntamientos en materia de Servicios Sociales, sin que se proceda a ningún recorte como los que se están produciendo en materia de horas de prestación de ayuda a domicilio.
Igualmente el pleno aprobó, con los votos a favor de los concejales del PP y los no adscritos la moción presentada por la concejala y diputada provincial, Yolanda Ramírez Juárez, relacionada con la defensa de la justicia de proximidad y en contra de la medida aprobada por el Consejo General del Poder Judicial el día 25 de mayo de 2017. Dicha moción ya fue previamente aprobada en el Pleno de la Corporación Provincial en sesión ordinaria celebrada el 27 de junio pasado.
Esta medida entró en vigor el pasado 1 de junio y supone que un Juzgado por Provincia será el competente para enjuiciar asuntos relativos a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. En la moción, Ramirez subraya que la medida supone colapsar el Juzgado al que le toque, “porque será ese Juzgado quien deba conocer todos los procedimientos de la materia referenciada”.
Además, según añadió, “implica que este tipo de asuntos ya no se van a tramitar ante los juzgados de partidos judiciales de la provincia, lo que supone que ya no habrá una justicia cercana para el ciudadanos, sino que, por el contrario, se aleja y concentra en un solo punto”.
Tras la aprobación de la moción, la Diputación Provincial ha solicitado a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial y al Gobierno de España que adopte las medidas necesarias para dejar sin efecto el Acuerdo de dicha Comisión del pasado 25 de mayo, “por tratarse de una decisión que causa perjuicio a los residentes en el medio rural, y dificulta su acceso a la Justicia, contraviniendo lo previsto en el artículo 24 CE y el derecho a la tutela judicial efectiva”. Y adoptar las medidas precisas para garantizar “un correcto funcionamiento de los juzgados, especialmente los del medio rural, dotando de los medios humanos y técnicos oportunos para el normal funcionamiento del Poder Judicial”.
La siguiente moción presentada por el grupo Socialista para la modificación del mensaje de las placas con la consigna “Prohibido jugar al balón”, por otras con mensajes más “positivos y educativos”, fue denegada con los votos en contra de los concejales del PP y los no adscritos por criterios “de seguridad” y por no ser zonas equipadas para dicho uso.
La moción presentada por el grupo municipal Ahora El Casar, para solicitar la remodelación y subsanación de deficiencias del Skatepark, fue aprobada por unanimidad. Los acuerdos implican una reunión por parte del concejal de deportes con los técnicos de mantenimiento y los usuarios del skatepart para ver y conocer sus reivindicaciones e ideas y posteriormente, solucionar en el menor plazo de tiempo posible, las deficiencias estructurales que “presentan un grave peligro para la seguridad de los jóvenes usuarios”. Por último se informará de dicha reunión con los jóvenes, a los concejales de los distintos partidos políticos que conforman la Corporación Municipal.
Por último, Ahora El Casar presentó una moción para solicitar los bienes inmatriculados por la jerarquía católica, que posteriormente retiró ante las exposiciones de la concejal no adscrita, Yolanda Ramírez, y el alcalde, señalando principalmente que no era competencia municipal, que los datos se debían trasladar a una coordinadora, “RECUPERANDO”, que no se sabe quién es ni a quién representa, ni cuáles son sus objetivos. Y por último, que es un tema que ya está tratándose en las Cortes Generales.
El capítulo de ruegos y preguntas puso el punto final a la sesión plenaria.
